WASHINGTON, miércoles 5 de mayo de 2010 (ZENIT.org).- Los obispos de Estados Unidos han considerado la introducción de un marco sobre reforma migratoria por el liderazgo del Senado, el 29 de abril, un “primer paso importante” en el proceso de lograr la promulgación de una legislación de reforma integral. También han expresado su apoyo a los obispos de Arizona en su oposición a la ley que considera delincuentes a los inmigrantes indocumentados.
El marco sobre reforma migratoria, elaborado por el senador Charles Schumer y respaldado por el liderazgo del Senado, pretende establecer una hoja de ruta para el lanzamiento de las negociaciones hacia un proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista.
La posición de los obispos fue dada a conocer el 29 de abril, por el obispo John C. Wester de Salt Lake City, presidente de la Comisión Episcopal de Migración.
“Instamos a los miembros de ambas partes a iniciar un proceso hacia la introducción y promulgación de una legislación bipartidista que afirme el Estado de Derecho y los derechos humanos básicos”, dijo el obispo Wester.
Monseñor Wester señaló deficiencias en el marco de trabajo que requieren una revisión, incluyendo una controvertida disposición que permitiría a parejas del mismo sexo recibir beneficios de inmigración igual a las parejas casadas. También señaló que las medidas de ejecución en el marco no deben violar los derechos fundamentales, y que se deben abordar políticas que afronten las causas profundas de la migración.
El prelado instó al Congreso a iniciar los debates sobre la cuestión, con el objetivo de aprobar una legislación en 2010.
“Pedimos un debate fuerte pero civil. Este problema ya no puede esperar y no debe ser politizado ni ser rehén de la ideología. Nuestro sistema de inmigración es ineficaz y necesita reparación inmediata”, dijo el obispo Wester.
Por otra parte, en solidaridad con los obispos de Arizona, el obispo Wester, en nombre de la Conferencia Episcopal, hizo público un comunicado el 27 de abril oponiéndose a la promulgación e implementación de la ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
En el comunicado afirma unirse “a los obispos católicos de Arizona en su firme oposición a la reciente promulgación e implementación de la ley SB 1070 en Arizona”. “Esta ley –añade--, aunque limitada al estado de Arizona, podría tener impacto por todo el país en la manera en que se percibe y se trata a los miembros de nuestras comunidades inmigrantes”.
Según el prelado, “la SB 1070 mantiene un estándar legal muy bajo que permite a la policía detener y arrestar a personas basándose solo en su apariencia, su forma de hablar o su procedencia étnica. Podría conducir al cuestionamiento y arresto erróneo de ciudadanos estadounidenses y residentes legales, así como a la separación de familias, padres de sus hijos y esposos de sus esposas. Ciertamente aumentaría el temor y la desconfianza entre las comunidades inmigrantes, socavando la confianza entre sus miembros y la policía”.
Añade que “la SB 1070 es sintomática de la ausencia de liderazgo en el Gobierno federal en el tema de inmigración. Durante años, los obispos católicos de Estados Unidos han hecho un llamamiento al Congreso y a las dos últimas Administraciones a aprobar una reforma de inmigración inteligente, integral y justa”.
El obispo reconoce que “mientras muchos miembros del Congreso han realizado esfuerzos de buena fe para aprobar una reforma migratoria integral, muchos todavía ven este tema a través de lentes políticos, usándolo para obtener ventajas políticas o partidistas. Este juego debe terminar”.
“Nuestros líderes nacionales –subraya- deben educar al pueblo estadounidense sobre la necesidad de una reforma y tener el coraje de hacerla realidad. Mientras la reforma migratoria no se apruebe, otros Estados intentarán crear y aplicar leyes migratorias inadecuadas, con resultados catastróficos”.
Y concluye afirmando que “los obispos católicos de Estados Unidos se hacen solidarios con los obispos de Arizona en su oposición a esta ley draconiana”, hacen un llamamiento “a la Administración a examinar su impacto sobre los derechos y libertades civiles” y renuevan su llamamiento “a la Administración y al Congreso a trabajar de manera bipartidista para alcanzar una reforma migratoria integral a la mayor brevedad posible”.
Por Nieves San Martín
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