Derechos Humanos y Autoridad Política Mundial

La definición jurídica de los derechos humanos a finales del siglo XIX los concibe como derechos públicos subjetivos. Los derechos de la primera generación, los derechos civiles y políticos, constitucionalizados fundamentalmente ya en el siglo XIX, se conciben como derechos de autonomía frente al Estado. El Estado se debe limitar a no actuar, a respetar el ámbito de autonomía de los individuos que no deben ser interferidos en el ejercicio de sus libertades.

Los derechos de la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, se conciben también en relación al Estado pero no como derechos-autonomía sino como derechos prestación frente al Estado. Con estos derechos, constitucionalizados fundamentalmente en el siglo XX, se reivindica la financiación de unos servicios públicos que garanticen estos derechos económicos, sociales y culturales.

Se conciben los derechos humanos, en definitiva, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, por su relación respecto al Estado. Los primeros, los derechos civiles y políticos, como ámbitos de autonomía frente al Estado y los segundos, los derechos económicos, sociales y culturales, como derechos que debe garantizar el Estado a través de prestaciones públicas suficientes.

Esta concepción responde al orden político y económico de la época en que se elabora. El Estado constituía no solo la unidad básica del orden político internacional sino el ámbito al que se referían la actividad de los individuos y las empresas. Cada estado, en el ejercicio de su soberanía, definía las reglas que regían en sus mercados, las reglas mercantiles y financieras, las normas laborales y penales.

En la actualidad, este orden político está profundamente alterado. Los mercados sobrepasan considerablemente el ámbito de cada Estado y la garantía de los derechos de las personas exige una esfera pública global si queremos que el orden político, económico y social responda a las necesidades de las personas.

Por eso es absolutamente necesario, como ha indicado recientemente el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, constituir una autoridad política mundial con competencias en ámbitos como:

a) la paz y la seguridad;

b) el desarme y el control de armamentos;

c) la promoción y la tutela de los derechos humanos fundamentales;

d) el gobierno de la economía

e) las políticas de desarrollo

f) la gestión de los flujos migratorios

g) la seguridad alimentaria;

h) la tutela del medio ambiente.

Sin duda, la construcción de tal autoridad constituye un reto extraordinario cuando vemos las dificultades que las uniones regionales viven cada una en su ámbito, como ahora la Unión Europea. Son dificultades como las que tuvieron que afrontar los estados para superar las divisiones feudales. El éxito sirvió para construir las sociedades contemporáneas, basadas en el respeto a la ley y no al privilegio.

Como ha afirmado el Consejo Pontificio en su nota, "la concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con vocación y competencia universales son una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción alguna. Está en juego el bien común de la humanidad y el futuro mismo"[1].

La llamada es muy especial para los cristianos pues para nosotros la sociedad no debe ser un agregado de individuos donde cada cual pugna por su propio interés sino una comunidad donde todos nos preocupamos por todos.

"Para cada cristiano hay una especial llamada del Espíritu a comprometerse con decisión y generosidad, para que las múltiples dinámicas en acto, se dirijan las hacia prospectivas de la fraternidad y del bien común"[2].

En definitiva, reivindicar hoy los derechos humanos significa pugnar por la construcción de una autoridad pública mundial. Esto significa que se abren inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de los pueblos y de cada persona.

Francisco Javier Alonso Rodríguez

Presidente Comisión Diocesana Justicia y Paz Madrid

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[1] Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una autoridad pública
con competencia universal.

[2] Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una autoridad pública
con competencia universal.

Fuente

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Comentario:

"La iglesia Católica Romana, con todas las ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal, y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo , para que se consideren obligados a obedecer al papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de éstos, deben considerar LA AUTORIDAD de la iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a ROMA que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella.

La historia prueba lo astuta y persistente que es EN SUS ESFUERZOS POR INMISCUIRSE EN LOS ASUNTOS DE LAS NACIONES, Y PARA FAVORECER SUS PROPIOS FINES, AUN A COSTA DE LA RUINA DE PRINCIPES Y PUEBLOS, UNA VEZ QUE LOGRÓ ENTRAR.

Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su supremacía perdida; en una palabra, que LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA CON EL ESTADO debe DOMINAR LAS CONCIENCIAS y el triunfo de Roma quedará asegurado...
Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las CAMARAS LEGISLATIVAS, en las IGLESIAS, y en los CORAZONES DE LOS HOMBRES".

CS.págs, 530,531.EGW. Cap:Libertad de Conciencia Amenazada.