La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070 y que críticos alegan puede conducir a la discriminación racial, entró en vigor el pasado 29 de julio, aunque sin sus secciones más polémicas, después de que la jueza federal Susan Bolton ordenara su bloqueo.
Como una diferencia con la ley de Arizona, la propuesta migratoria de Florida, que será presentada en la próxima sesión del Congreso estatal, permitirá que los jueces dicten sentencias más duras contra indocumentados encontrados culpables de cometer crímenes y convierte los delitos de tercer grado en delitos de segundo grado, lo que acarrea sentencias más graves.
El fiscal general de Florida, Bill McCollum, quiere una ley migratoria más estricta que la de Arizona, para evitar que el estado sea "un santuario para los extranjeros ilegales
El fiscal general de Florida, Bill McCollum, uno de los candidatos a ser designado para las primarias republicanas de noviembre, ha respaldado la aprobación en el estado de Florida de una legislación que vaya más allá incluso que la polémica ley de inmigración de Arizona. De manera similar a como propone la fiscal de Arizona, según la propuesta de McCollum, la policía tendría no sólo la posibilidad, sino también la obligación de pedir la documentación a cualquiera que fuera sospechoso de estar en situación ilegal en el país.
El estado de Florida es uno de los destinos preferidos de los inmigrantes del Caribe y Latinoamérica, y un lugar por lo tanto con una importante mezcla de culturas y razas, pero McCollum quiere impedir que sea "un santuario para los extranjeros ilegales".
Virginia quiere Copiar ejemplo de Arizona
El vendaval político generado por la polémica ley de inmigración de Arizona se está haciendo sentir muy cerca de Washington, ahora que el estado de Virginia quiere copiar el ejemplo de la ley SB 1070 para lidiar con la inmigración ilegal.
El gobernador de Virginia solicitó que la policía de su estado pueda actuar en materia de inmigración.
Esta semana el gobernador de Virginia, el republicano Bob McDonnell, pidió al Departamento de Seguridad Interior que le otorgue a la policía estatal la autoridad y le de el entrenamiento para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Pocos días antes, el fiscal del estado, Ken Cuccinelli, había presentado una "opinión" estableciendo que los cuerpos policiales locales podían exigir documentación a inmigrantes que sean detenidos por otras razones, como controles de tránsito.
En realidad es una autoridad que ya tienen muchas policías locales bajo la sección 287g de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que pocas usan, en parte por falta de recursos y en parte porque los oficiales temen que complique el trabajo en las comunidades a las que sirven.
Sin embargo, todo esto ha traido hasta el corazón político de Estados Unidos el debate sobre inmigración que ya se ha escenificando en Arizona, donde el gobierno federal demandó la inconstitucionalidad de la ley estatal de inmigración.
Seguridad ciudadana
Según informa la oficina del gobernador McDonnell, desde febrero han estado discutiendo con el gobierno federal sobre cómo las policías locales pueden "profundizar su sociedad" con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
"Una sociedad de esta naturaleza servirá para mejorar la seguridad pública, mientras proporciona más recursos a una agencia federal sin fondos ni personal para luchar contra la inmigración ilegal criminal", dijo McDonnell en referencia al ICE, al formalizar la petición para participar en la Sección 287g.
El programa 287g de 1996 fue reforzado en 2001 como parte de las leyes antiterroristas posteriores a los atentados de 11 de septiembre de aquel año y tiene el objetivo deportar a inmigrantes que sean considerados peligrosos.
Hasta ahora unas 70 policías locales en todo el país, sobre todo en estados fronterizos con México, intercambian información con autoridades nacionales sobre el estatus migratorio de personas que han sido detenidas por otras razones, sobre todo por crímenes violentos.
En Virginia cuatro de los condados en los que se esparcen partes del área metropolitana de Washington participan en el programa.
Eliminar la 270 g
El mismo día que McDonnell formalizó su solicitud ante el gobierno federal, en Washington el Consejo Nacional La Raza exigía la derogación de la cláusula 270 g.
La Raza, la mayor organización de defensa de los derechos de los hispanos, reconoce que la intención es deportar criminales, pero afirman que afecta a los latinos al "exacerbar" el uso de perfiles raciales.
Según un informe de La Raza las policías entran al programa "como respuesta a una percepción en el aumento del crimen, pero usualmente se vincula más a un aumento de la población inmigrante".
Afirman que la 279 g ha dañado la relación entre los hispanos y la policía, por lo que piden al gobierno anularla y concentrase en reformar las leyes de inmigración.
"Esto es una manera de sensacionalizar la política del miedo aprovechándose del tema de Arizona", aseguró a BBC Mundo Walter Tejada, concejal del condado de Arlington en Virginia, que es de origen salvadoreño.
Aunque administrativamente no es Washington, Arlington es la porción sur de la capital federal, de la que está separada por el río Potomac.
El condado tiene un 15% de población hispana, el doble del promedio estatal, y un 8% de inmigrantes asiáticos. Su policía no participa en la sección 287 g pero está rodeado de jurisdicciones que si participan en ella.
Sin embargo, Tejada afirmó que ni la opinión del fiscal general, ni los deseos del gobernador, van a cambiar la manera de cómo actúa la policía de su condado cuando lidia con comunidades inmigrantes.
"No hay ningún cambio en la política de policía de Arlington, ni de muchos condados de la policía de Virginia. De hecho, todo el mundo se quedó un poco con la boca abierta pensando "¿de donde viene este (el fiscal Cuccinelli) con eso?", dijo Tejada, quien aseguró que son iniciativas que no han sido consultadas y que tendrían tinte "xenofóbico".
El ejemplo de Arizona
El debate migratorio en Virginia lo desató el legislador republicano de la asamblea estatal, Bob Marshall, al solicitar al fiscal Cuccinelli su "opinión" sobre cómo deberían trabajar las policías el tema y luego exigir al gobernador McDonnel actuar al respecto.
"Virginia fue el estado en el que quienes derribaron todos esos edificios obtuvieron sus licencias de manejar", aseguró Marchall en una entrevista con un medio local, haciendo referencia a quienes atacaron las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Arlington en 2001, aunque todo estos tenían sus documentos migratorios en regla.
Virginia fue el estado en el que quienes derribaron todos esos edificios (las torres gemelas de Nueva York) obtuvieron sus licencias de manejar
Bob Marchall, legislador republicano
Marshall encabeza un grupo de legisladores que ya ha anunciado que el próximo año presentará un proyecto de ley parecido al de Arizona, lo que lo convertiría en el sexto estado en asumir esa iniciativa.
Se estima que otros 20 estados podrían tomar pasos similares y por eso muchos están atentos de lo que resulte de la demanda presentada por la Casa Blanca contra esa ley, que considera que usurpa atribuciones federales.
La jueza que lleva el caso prohibió las porciones más polémicas de la ley, sobre todo aquellas en las que existe el riesgo de que se produzca discriminación racial.
Sin embargo, el hecho de que no la declarase totalmente ilegal alienta a quienes están frustrados por lo que consideran la inacción federal y quieren controlar la inmigración ilegal a nivel local.
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